El acceso y la impartición de justicia mediante el debido proceso en materia de propiedad industrial como en cualquier otra materia es sin lugar a dudas una de las responsabilidades más importantes que tienen los Estados. Lo anterior no sólo y exclusivamente como una función necesaria para garantizar una sana convivencia social, sino también para garantizar un entorno de seguridad y certeza jurídica a la actividad económica de un país como México.Por ello el trabajo de éstos debe consistir en fomentar el conocimiento de la ley y la confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia implementando la tecnología y los mecanismos alternativos de solución de controversias, para de esta forma procurar una impartición de justicia pronta y expedita.