Cultura y sociedad para una Venezuela posrevolucionaria Jeffrey Cedeño Mark El presente ensayo propone una reflexión generalista en torno a las políticas culturales que ha erigido, desde 1999, la Revolución Bolivariana en Venezuela, con el fin de exponer y analizar proyectos sociales y educativos cuya gratuidad, calidad y pertinencia, logran desplazar y superar las sistemática exclusión social, política y cultural que agencia el socialismo bolivariano en la Venezuela de las últimas décadas. En medio de este complejo campo sociocultural, tales proyectos evidencian cómo las políticas públicas y la responsabilidad persisten tras un ordenamiento democrático capaz de superar el sectarismo, el militarismo, el populismo, el autoritarismo y el rentismo—de cualquier espectro político—como supuestas vías para la emancipación individual y la liberación nacional. I La reivindicación política por medio de manifestaciones artísticas y culturales en la Venezuela revolucionaria ata, como en un nudo de diamante, el pretendido carácter masivo de su alcance con la ideología socialista, necesarios para un objetivo tan evidente como concreto: la inclusión social del pueblo a una cultura y una política emancipatoria. No obstante, las denuncias sobre lo contrario saltan por doquier: amplios sectores del campo sociocultural advierten la intervención de políticas públicas saturadas de ideologización, sectarismo, exclusión, coerción y, más allá, chantaje, gracias en algunos casos a la arbitraria eliminación, y en otros a la improvisada reorganización y centralización [End Page 357] de las instituciones culturales heredadas del periodo de la democracia bipartidista (1958–1998). En efecto, las políticas culturales de la Revolución Bolivariana se han ajustado más al orden ideológico que al técnico-normativo. Y es necesario que el primero se recubra tanto como pueda del segundo tras una justificación extrema que concluye las más de las veces en una paródica farsa del estamento jurídico. Tanto es así que la democratización socialista de la cultura y la sociedad significa, esencial y risiblemente, clausurar y excluir: en el 2009 la Revolución decidió "democratizar" el espacio radioeléctrico por medio del cierre de 32 emisoras de radio investigadas por "inconsistencias legales", cuando en realidad asistimos a una represalia política contra circuitos radiales en alguna medida críticos con el gobierno. La Revolución Bolivariana entiende por "democratización" la determinación de objetivos ya no de carácter nacional, sino sectoriales, y de este modo cuestiona la efectiva representación de los problemas sociales, al tiempo que conculca la universalidad de los derechos políticos de los venezolanos, no solo de quienes la adversan políticamente. Este esquema más que repetirse, se intensifica cuando los diversos actores públicos y privados que organizan el campo de la cultura no pueden obviar la estructuración de un nuevo tipo de mercado regulado en todas sus escalas por los revolucionarios: sindicatos, universidades, fundaciones, movimientos sociales y grupos comunitarios han enfrentado con relativas diferencias un control fiscal y cambiario que ha trascendido efectivamente el auge o la caída de los precios del petróleo, si bien el último acentuó los problemas del primero. En cualquier caso, el uso político y arbitrario del control fiscal y la limitada y discrecional oferta de divisas, entre otras serias razones, han afectado y disminuido la inversión y la producción tanto industrial como cultural: la imposibilidad de adquirir materia prima y repuestos de maquinarias -sin detallar otras cortapisas burocráticas-, ha limitado y clausurado, por ejemplo, editoriales, imprentas y periódicos; las sanciones tributarias a varios medios de comunicación social privados por supuestas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (vigente desde 2004) convocan la censura y la autocensura, acordes sin duda con la admitida "hegemonía comunicacional e informativa" que avanza la Revolución tras una "batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo" (Izarra, 2007).1 La utilización [End Page 358] del sistema económico como poder político pretende un resultado obvio: un control social capaz de anular disensos y perspectivas plurales, libertades...