Actualmente en Colombia existe una alta discrecionalidad en la forma en que las autoridades ambientales pueden imponer cargas adicionales a los beneficiarios de las licencias ambientales, por lo que a través de diferentes mecanismos jurídicos puede afectarse la capacidad de los licenciatarios para defender sus intereses y controvertir los actos administrativos mediante los cuales la Administración impone estas cargas. Este estudio aboga por un equilibrio entre la garantía de una efectiva protección de los recursos ambientales por parte del Estado y el establecimiento de las reglas de juego claras que permitan brindar mayor certeza jurídica a quienes ejecutan proyectos que involucren el uso de los recursos naturales.