La Constitución colombiana de 1991 contiene un mandato en favor del pleno empleo. Este artículo examina el lugar que ocupa ese mandato en el marco legal de la política macroeconómica y las implicaciones que de allí se derivan a efectos de su cumplimiento. El examen se centra en la asignación de funciones dentro del Estado y en el control de los objetivos e instrumentos de política de las autoridades fiscales, en comparación con el mandato de la estabilidad de precios y los poderes otorgados a las autoridades monetarias.