Este artículo busca establecer, a través del análisis, la competencia que le ha sido otorgada a la curia diocesana entendida como cuerpo jurídico eclesiástico. A los clérigos se les ha designado el ejercicio de potestad sobre ciertos vínculos jurídicos que solo les compete a ellos mantener por su misma condición clerical. La potestad jurídica de la Iglesia para actuar dentro de sus mismos intereses ha sido permitida por el Estado colombiano, institución en la que el derecho divino converge con el derecho positivo, lo que permite salvaguardar los bienes de la Iglesia católica como institución divina al servicio del bien común.