En Colombia, la implementación de la Ley 1098 de 2006, inserta un Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que produce los siguientes efectos sociales: el incremento de las acciones criminales a edades más tempranas, la reincidencia y el aumento de muertes violentas (Mesa y Muñoz, 2012). Algunas premisas convocadas en el presente texto elucidan lo anterior, al ilustrar cómo este Sistema que acobija al sujeto adolescente, lo invita a gozar y, en consecuencia, solo le permite asumir una responsabilidad jurídica y obstaculiza la posibilidad de una responsabilidad subjetiva, en la mayoría de los casos.