Los juristas suelen analizar la argumentación desde una perspectiva formal y normativa aplicada, en su mayoría, al ámbito de los jueces y sus decisiones. Este artículo adopta una perspectiva distinta, en tanto examina de manera empírica la calidad de la argumentación de las demandas propuestas dentro de procesos de control constitucional abstracto. En esta línea, este trabajo evalúa en qué medida la habilidad argumentativa de los accionantes da cuenta del sentido de las decisiones judiciales. Para el efecto, se define la calidad de la argumentación como la habilidad del demandante para: (i) identificar normas constitucionales violadas y disposiciones inconstitucionales; (ii) exponer sus argumentos de manera clara y coherente, y (iii) sustentar sus pretensiones sobre la base de fuentes jurídicas. A partir del análisis cuantitativo de una base de datos original que incluye cuarenta acciones públicas de inconstitucionalidad resueltas por la Corte Constitucional de Ecuador desde 2008 hasta 2016 y una encuesta dirigida a expertos, este artículo halla que, a diferencia del tipo de accionante (público o privado), la argumentación de las demandas no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre las probabilidades de obtener una decisión judicial favorable para las pretensiones de quien la interpone.