La mayoría de mujeres privadas de la libertad han sido condenadas por modalidades delictivas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (31,1%); es decir, un alto porcentaje de las infracciones penales tienen que ver con delitos relacionados con el tráfico de drogas. Esta cifra refleja los graves problemas sociales y económicos que tienen que afrontar las mujeres antes de ser privadas de su libertad. Una situación similar ocurre en México, Argentina, Brasil y Costa Rica, donde más de 60% de la población carcelaria femenina está privada de su libertad por tales delitos (Wola, Dejusticia, idpc, p. 3).Este escrito tiene como objetivo general visibilizar la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, con el fin de que la política criminal reconozca tal situación y enfrente las afectaciones diferenciadas en aras de disminuir la desigualdad social en favor de las mujeres.En este estudio se exponen los riesgos específicos y el estado de indefensión a los que son sometidas las mujeres detenidas por los delitos mencionados. Asimismo, se hace un acercamiento al concepto de vulnerabilidad y una crítica al sistema penal por ignorar esta realidad. Por último, se expone la necesidad de implementar una política criminal de drogas que reconozca el enfoque de género y transforme las actuales condiciones en pro de la igualdad de la mujer.