El artículo analiza de manera empírica los resultados de la política boliviana de cooperación entre la jurisdicción estatal y la indígena y su impacto sobre las brechas de género. El estudio etnográfico analiza cómo una disputa que tuvo como víctima a una mujer fue procesada en una comunidad indígena guaraya y luego por la justicia estatal. Se analiza por un lado cómo las partes de la disputa buscaron su resolución entre los diferentes órdenes normativos y luego cómo esos órdenes normativos se comportaron para atenderla. El estudio saca conclusiones acerca de las fallas de la cooperación entre sistemas legales. Una serie de recomendaciones concretas busca fortalecer las posibilidades de las mujeres indígenas de obtener resoluciones más justas, a través de una política de cooperación más consciente de las brechas de género.