Las entidades de certificación creadas por la Ley 527 de 1999 llevan a cabo diversas actividades, como son, entre otras, las de emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas naturales o jurídicas y emitir certificados sobre la verificación respecto a la alteración entre el envío y recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles; actividades que deben ser cumplidas a cabalidad por las entidades de certificación, pues de no hacerlo, se afectan los derechos de los suscriptores. De acuerdo con el régimen de responsabilidad civil, las entidades de certificación están en la obligación de responder por todos los perjuicios que causen en el cumplimiento de sus funciones, por los perjuicios que puedan causar a los suscriptores y a terceros de buena fe.