RESUMENLa primera reglamentación sobre el manejo de desastres en Colombia, se remonta a 1948, año en el cual se promulgó la creación del Socorro Nacional en caso de Calamidad Pública.En el 2012, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se ocuparon de viabilizar la Política pública de gestión del riesgo de desastres, presionados, entre otras, por las afectaciones del terremoto del eje cafetero (1999), las pérdidas de vidas humanas y bienes en la temporada de lluvias (2010 -2011), en donde los activos fueron valorados en cerca de 6.000 millones de dólares.El artículo aporta insumos para los tomadores de decisiones de entidades públicas, privadas y comunitarias al nivel nacional, regional, departamental y local, sobre cómo conceptualizar y analizar metodológicamente dos elementos clave de la gobernanza aplicada a la gestión del riesgo de desastres a partir del estudio de caso efectuado en el Municipio de Jamundí: La participación y la rendición de cuentas.Se examinaron diversas posturas sobre el concepto de gobernanza, que permitieron aportar lecturas renovadas para su aplicación en los contextos de planificación territorial.El método seleccionado fue el análisis de correspondencia múltiple, que se ajusta a investigaciones de tipo cualitativo.Una conclusión relevante está relacionada con las carencias detectadas en crear las capacidades necesarias para que las comunidades asuman mayor jerarquía dentro de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial.Esto implica, para los entes territoriales, una aproximación diferenciada enfocada a conciliar compromisos entre los actores