El presente trabajo estudia el rol que actualmente tiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) en la solución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados receptores de dicha inversión. Asimismo, efectúa un análisis prospectivo del rol que podría tener en la resolución de dichos conflictos, teniendo en cuenta que algunos países de la región han decidido excluirse del principal foro de solución de estas controversias –el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)– y que los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se encuentran estudiando la generación de una alternativa regional para la solución de estas disputas.