El propósito de este artículo es estudiar las relaciones que existen entre la calidad de los programas de derecho en Colombia y el nivel socioeconómico de quienes aspiran a ingresar a esos programas. El artículo plantea tres conclusiones: primero, la regulación de la educación jurídica ha sido precaria, lo cual ha propiciado un crecimiento tanto de la oferta como de la demanda en las últimas dos décadas. Segundo, ese crecimiento no solo ha sido heterogéneo y desordenado, sino que también ha estado dominado por los programas privados de bajo costo y baja calidad. Finalmente, la oportunidad de acceder a la educación jurídica de calidad está limitada a los pocos estudiantes que tienen alta capacidad de pago o resultados académicos sobresalientes.