En los últimos años, varios gobiernos de América Latina han promovido la noción de que los migrantes pueden actuar como agentes de desarrollo, principalmente mediante la canalización de remesas hacia sectores específicos como los de vivienda y financiero. Los estudios desarrollados hasta el momento aún no han expuesto cómo estos hechos están reconfigurando la economía política de la vivienda en la región. Con base en datos empíricos recogidos en ambas puntas de la cadena migratoria Colombia-Reino Unido, este artículo sostiene que estos esfuerzos tienen como objetivo institucionalizar los flujos de remesas y las actividades socioeconómicas transnacionales que de ellas se derivan. Estos esfuerzos están fundamentados en el reposicionamiento de la vivienda como un bien de consumo a un bien de inversión y motor del crecimiento económico, al igual que del sector financiero como el principal medio de los hogares para acceder a vivienda pública y privada, y a otros servicios básicos. Estas acciones han tenido lugar en el contexto de un proceso más amplio de financialización de la agenda global de pobreza durante las últimas tres décadas.