Desde hace varios anos se viene produciendo una serie de modificaciones legislativas y jurisprudenciales que afectan la proteccion de los derechos colectivos en la forma prevista en la Constitucion y en la Ley 472 de 1998. Este articulo tiene por objeto analizar como estos cambios, relacionados especificamente con las medidas cautelares y el requisito previo a la demanda de accion popular creados por el legislador en el ano 2011, implican un problema en la proteccion de los derechos humanos del ciudadano como garantia constitucional, pues representan un retroceso en materia de mecanismos de participacion ciudadana a pesar del importante avance desde la creacion de las acciones populares en 1998. Para ello, se siguio una metodologia basada en la revision de los antecedentes historicos de las acciones populares, para luego pasar a un estudio de las normas y la jurisprudencia que se refieren a las modificaciones aludidas y posteriormente, se hizo un analisis dogmatico sobre los efectos juridicos con impacto social y politico que generan dichos cambios. En atencion a los objetivos propuestos, se concluye que existe un desconocimiento de la importancia que el constituyente dio a la proteccion de los derechos colectivos y las acciones populares, como mecanismo de participacion ciudadana y se evidencia que existe una tension entre normas vigentes en el ordenamiento juridico, lo cual coloca al ciudadano en medio de una discusion procesal que lo aleja de la naturaleza real de dichas acciones e implica la necesidad de un conocimiento especializado para el ejercicio de estas.