El presente artículo afirma que, en el contexto de justicia transicional colombiano, el éxito de la política de restitución de tierras depende, en buena medida, de la capacidad institucional para contrarrestar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado interno.
 De esta forma, explica que la mayoría de las víctimas desplazadas forzadamente pertenecen a grupos poblacionales históricamente marginados y excluidos en el ejercicio de sus derechos; identifica cuáles han sido los principales factores de despojo y abandono forzado de tierras vinculados al desplazamiento forzado que permiten explicarlo como una práctica de guerra para la acumulación; aborda la política pública de atención a la población desplazada forzadamente como una suma de esfuerzos insuficientes para superar el estados de cosas inconstitucional declarado en 2004; y, a partir de ello, reflexiona sobre las limitaciones de la política de restitución de tierras, luego de cumplirse cinco años de su implementación, para el retorno y/o reubicación de las víctimas, bajo garantías de no repetición de los hechos que dieron lugar a las violaciones masivas y sistemáticas a sus Derechos Humanos.