El presente artículo tiene como finalidad analizar a profundidad el proceso de investigación llevado a cabo por el Estado mexicano para dar con el paradero de 43 estudiantes normalistas víctimas del delito de desaparición forzada a manos de las fuerzas armadas y del grupo criminal denominado “Guerreros Unidos” la noche del 26 de septiembre de 2014, para así identificar los aciertos, errores y omisiones en cada una de las actuaciones del Estado con base en un orden jurídico vinculante integrado tanto por el derecho nacional como por el derecho supranacional. Para finalmente, determinar si existe o no, responsabilidad internacional del Estado mexicano dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.