El legislador a través de una reforma en la Constitución Política, ha autorizado la realización de procesos de selección penal (positiva y negativa), en relación con los grupos armados al margen de la Ley y los agentes del Estado que han cometido delitos en el marco del conflicto armado interno. Es la primera vez que se constitucionalizan en Colombia los procesos de selección penal y se autoriza la priorización de las investigaciones penales en relación con los máximos responsables de los delitos. Para comprender el alcance de la norma constitucional se realiza previamente un breve estudio de los que son los procesos de selección penal, para luego analizar el contenido de lo que se ha denominado el “Marco jurídico para la paz”, particularmente en lo que tiene que ver con el tratamiento diferenciado que conduce a la exclusión penal (renuncia condicionada de la acción penal) o a la atenuación de los delitos y las consecuencias jurídicas, lo que permite cierto grado de impunidad con tal de lograr una paz estable y duradera. La explicación se abordará desde el punto de vista criminológico.