El pluralismo jurídico ha sido reconocido en Colombia desde la Constitución de 1991, y en el artículo 246 se reconoce la jurisdicción indígena, sus autoridades y su justicia. Sin embargo, en la práctica, la política criminal se impone desde una perspectiva monista y desconoce los diferentes sistemas jurídicos de los pueblos indígenas de Colombia. Se encontró en la investigación un gran impacto en las justicias propias, por los efectos de la prisionalización de indígenas, en donde la jurisdicción estatal desconoce las justicias propias y el fuero indígena.