La Ley de Puertos de 33/2010 incluye la obligatoriedad de que los organismos públicos apliquen estrategias de desarrollo sostenible, justificando sus actuaciones y difundiendo los resultados mediante la elaboración y publicación anual de las Memorias de Sostenibilidad. Este aspecto de la Ley es novedoso, ya que a nivel europeo no existen normativas similares que obliguen a las autoridades portuarias a rendir cuentas en materia de responsabilidad social. El objetivo de este trabajo es analizar las percepciones de los empresarios portuarios un año después de la aplicación de esta Ley.