La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano, cuyo objetivo es la protección inmediata de los Derechos Fundamentales, siempre que estos resulten transgredidos o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, de un particular encargado de la prestación de un servicio público, o respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación e indefensión. Este instrumento ha sido concebido con una naturaleza residual y subsidiaria, debido a que solo es procedente cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial; salvo que se utilice como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No obstante, este carácter se ha ido transformando con el uso masivo que de esta acción se da, sobre todo en lo que concierne a la defensa del derecho a la salud, ya que, a pesar de la existencia de otros mecanismos destinados para el mismo propósito, se acude a esta de manera preferente y alternativa.