Todas las instituciones humanas se enfrentan a la pregunta acerca de qué determina que un Estado sea legítimo y legal, y a la cuestión de por qué este tiene la autoridad para ordenar y hacer cumplir la obediencia de los ciudadanos. El problema de la legitimidad del poder del Estado adquiere importancia una vez que el origen y el ejercicio del Estado han sido impugnados o han sido ampliamente desconocidos. Cuando la autoridad del Estado no logra imponerse para construir un proyecto político, económico y social, denominado país, las relaciones conflictivas que se crean van a permear todas sus relaciones internas, van a empoderar a actores ilegales y van a reflejar la falencia del poder a nivel internacional. Es el caso de Colombia dentro de su proyecto republicano, el cual lleva doscientos años de desafíos, aciertos, avances y retrocesos; los cuales han generado aceptación o rechazo por las instituciones legalmente constituidas. Este fenómeno crea un proceso de ilegitimidad que se articula especialmente en la realidad cotidiana de la vida republicana. Realidad que enfrenta el estamento militar, el cual está llamado a hacer soberanía y a defender un territorio. La pregunta se plantea: ¿qué pasa cuando un grupo humano no quiere ser defendido y no quiere ser sometido a un proyecto nacional? Aparece la guerra como recurso y el poder empieza a moverse como dínamo de la vida nacional.