La modalidad contractual de prestación de servicios en el sector público ha superado los límites legales y de mecanismo excepcional, aplicable a tareas no contempladas en la estructura ordinaria de las entidades, y se convirtió en recurso general para evadir garantías laborales básicas como prestaciones sociales, estabilidad y derecho de asociación. La ley, la jurisprudencia y la misma doctrina han trazado las líneas rectoras de esta clase de contratación en aras de evitar desbordamientos en su aplicación.