El presente artículo analiza la excepción de eficiencia económica prevista en la Ley 1340 de 2009, a la luz de los aspectos económicos previstos en la Constitución Política de Colombia, en especial relación con las previsiones del artículo 333, y el mantenimiento de las políticas propias del Estado Social de Derecho. En especial, en la forma como la posibilidad de libertad de empresa prevista en virtud del mandato constitucional choca con los fines sociales y del ordenamiento jurídico del cual el Estado es garante, en procura del mantenimiento del equilibrio económico, del correcto desarrollo de la competencia empresarial, y por último, pero no menos importante, de la protección de los consumidores.