En este trabajo se analiza el problema jurídico referente a qué implicaciones tiene la aplicación del principio de proporcionalidad frente a las decisiones administrativas de las autoridades que limiten o restrinjan libertades y garantías fundamentales. A partir de lo anterior se sostiene, como tesis central, que la facultad discrecional de la administración pública para la expedición de actos administrativos que impliquen restricciones a los derechos y garantías fundamentales de las personas es supuesta e hipotética, teniendo en cuenta que el margen de libertad de la autoridad para escoger las condiciones de tiempo, modo y lugar es inexistente, ya que la autoridad se obliga necesariamente a la adopción del medio necesario para el logro del fin que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios.