Indiscutiblemente, en las últimas dos décadas la sociedad colombiana ha sido testigo y participe de las transformaciones más importantes que ha sufrido el Estado, tanto del rediseño de la estructura organizacional del poder, así como del reconocimiento progresivo de un amplio catálogo de derechos fundamentales en su carta política. En ese sentido, las transformaciones en estas dos áreas, han traído como consecuencia la existencia de un mayor parámetro de exigibilidad de respeto y garantía de los derechos humanos; para cumplir con ello, se han implementado novedosos y complejos mecanismos procesales para su defensa, tal como lo es la declaratoria del estado de cosas inconstitucional. Dicho desarrollo guarda especial relevancia, ya que sirve de modelo y guía para los países latinoamericanos, pues con ello se pretende la intervención colectiva de los poderes públicos y superar las falencias de carácter estructural de las políticas públicas, hacer frente y disminuir las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales y con ello reintegrar el valor máximo del ser humano que es su dignidad. Por último, se demuestra que en Brasil, aunque tímidamente, la doctrina jurisprudencial del estado de cosas inconstitucional ha sido aplicada por la Suprema Corte de aquel país.