La inclusión social es asumida como propia de los cometidos estatales y en consecuencia del papel de la función pública que se concreta en el accionar público estatal desde la labor de servidores públicos en el contexto de una relación de trabajo. En el sentido indicado, la democratización conlleva la búsqueda del interés general y del beneficio colectivo y la dignificación del trabajador, lo cual lleva a plantearse cuán perdida se encuentra esta en la implementación de modelos y prácticas administrativas gerenciales, que han desdibujado tan importante responsabilidad y compromiso ético y solidario de quienes han optado por la vocación del servicio público. Resulta entonces imperioso no solo develar lo que ha acaecido, sino también plantearse la posibilidad de un cambio estructural que involucre al conjunto de la sociedad, sobre todo que asuma la participación del trabajador y la vigencia plena de sus derechos como propia de la misma razón de ser del Estado social de derecho