Es propósito de este documento analizar los procesos de atención a las víctimas de la violencia por los gobiernos territoriales en el período 2011-2013. Como hipótesis de trabajo se establece que entre el momento en que se formaliza la atención al desplazamiento como función de Estado (Ley 387 de 1997) y que se integra al marco para la atención a las víctimas del conflicto (Ley 1448 de 2011), se desarrolla de manera independiente (o desarticulada, según el punto de vista) una serie de proyectos e iniciativas de corto plazo, ajustadas a los tiempos de los Planes de Desarrollo y agendas de cooperación, en donde la tendencia es a privilegiar la fijación de políticas y no a la prestación de servicios directamente, sin intentar modificar modelos burocráticos afianzados y con baja adición de recursos financieros. Las entidades territoriales poco o nada modificaron sus esquemas de funcionamiento, profundizando, por el contrario, su crisis por bajas capacidades de respuesta a esta amplia problemática.