En la Constitución Política de Colombia se definió un precepto tipo regla que prohíbe expresamente las donaciones y auxilios decretadas por cualquier Rama del poder público con destino a particulares, no obstante, este mismo precepto establece una excepción amplia en cabeza del Ejecutivo en sus diferentes órdenes (Gobierno Nacional, Departamental y Municipal), para que se celebre contratos con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con lo cual se abre una brecha muy amplia para que por esta vía se desvirtue el principio de selección objetiva que debe orientar toda la actividad contractual del Estado colombiano.