El artículo trata el tema de las víctimas del secuestro en Colombia y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, que en virtud del principio de solidaridad, terminó por trazar una política criminal que transformó las obligaciones civiles asumidas por aquellas antes del secuestro. En ese sentido, se aborda el tema de la autonomía de la voluntad en materia contractual, los límites a dicha libertad y las consecuencias que de ello se derivan bajo la concepción de Estado social de derecho.