La non reformatio in peius es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación del procesado que ha apelado la sentencia o parte de ella como apelante único. La excepción a la aplicación de dicho principio se halla en las decisiones que por ley deben ser sometidas a consulta. En torno a dicho principio se ha consolidado amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, las cuales han definido su alcance y aplicación contrastando el citado principio con el de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa.