El desarrollo de la ley 100 de 1993 ha tropezado con un sinnúmero de dificultades como son su gran complejidad, su desconocimiento, aún por las personas que deben aplicarla, la no aplicación en la práctica de sus principios rectores y la incertidumbre de los prestadores del servicio, en particular del talento humano encargado de ejecutarla.