Las experiencias internacionales sobre la transformación pacífica y negociada de los conflictos demuestran que los temas jurídicos relacionados con la responsabilidad penal y el juzgamiento de los crímenes cometidos en tiempos de guerra, representan los aspectos centrales de las agendas de negociación y los temas que más complejizan la construcción de acuerdos finales.Por esta razón, y en el marco de una justicia que cada vez más se globaliza ampliando la jurisdicción de los tribunales internacionales para juzgar los delitos de lesa humanidad, se acude a modelos de justicia transicional y al acuerdo de penas alternativas cuando se negocia la paz y la desmovilización de los actores armados, modelos que se construyen a partir de tres criterios fundamentales: máximos de verdad, mínimos de justicia y mecanismos para la reparación de las víctimas.En consecuencia, la opinión pública, los críticos y observadores perciben que en estos procesos de negociación la justica es sacrificada y se abre el paso a la "impunidad" como el medio más flexible para la transición o el fin de los conflictos armados.De esta manera, el presente artículo tiene el propósito de comparar los procesos de paz llevados a cabo por el Gobierno colombiano con los grupos guerrilleros M-19 y FARC-EP