La gestión de un buen gobierno, se estructura como un punto clave, en la implementación tanto de los nuevos marcos normativos, como de las políticas públicas inspiradas por estos, puesto que en la mayoría de los casos, los objetivos estratégicos y operativos trazados y aprobados en un inicio, en el diseño de la norma, difícilmente se ven acometidos y llegan a los asociados, en virtud de las decisiones, tomadas al interior de la dinámica organizacional de nuestras entidades públicas, a lo largo del proceso de implementación. Es en razón de ello, se considera que una política bien estructurada, puede verse afectada por los modelos de gestión pública existentes y por la cultura organizacional, imperante en las instituciones responsables de su ejecución. Tal es el caso que se pretende estudiar, en torno a las autoridades a las que la ley 1480 de 2011, ha asignado funciones para actuar en el ámbito territorial, como garantes de los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta los conceptos de Gobernanza y Cambio organizacional, como elementos fundamentales en la efectividad de las políticas públicas y concretamente, en materia de derechos del consumidor.