La energía es un recurso indispensable para “el desarrollo” de un territorio donde, a través de un entramado interre- lacional con la sociedad y la naturaleza, garantiza la ordenación energética de un territorio, para lo cual requiere una política energética que alcance las dimensiones del derecho social de las energías encaminadas a la socialización, la transparencia de los procesos y la regulación jurídica y técnica alineadas a los intereses del “desarrollo económico” y social de nuestra nación.