El avance social de las últimas décadas supone la necesidad de replantearse los diversos esquemas jurídicos y la forma como estos se integran a la sociedad contemporánea. Por ello, se deben asumir como valores políticos y jurídicos la dignidad humana, los derechos humanos y el principio democrático que los fundamentan y, a la vez, los limitan, en aras del desarrollo colectivo. Lo anterior supone un sometimiento de los poderes y las instituciones a la Constitución y a los derechos fundamentales en las diversas esferas privadas y públicas que maneja el individuo, como la social, la cultural y la política.