ResumenLa justicia penal, en los últimos años, ha pasado de ser un mecanismo de protección de bienes jurídicos para convertirse en el primer e imprescindible medio de promoción de la seguridad.En este contexto, las garantías penales, entendidas como límites y presupuestos de legitimidad de la intervención penal, se debilitan y se convierten en obstáculos que deben ser removidos.Lo anterior ha venido acompañado de la normativización absoluta de las reglas tradicionales de atribución de responsabilidad penal, producto de una dogmática cada día más