El debate en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales ha pretendido construir desde diferentes perspectivas una explicación plausible para lograr su efectividad a través de la reglamentación de estos derechos en las políticas públicas del Estado por intermedio de la judicialización de los mismos. Frente a este último tema se encuentra con un abrumador panorama surgido de la carencia de una acción judicial expresamente consagrada en la Constitución que permita un claro amparo. La investigación estudia por un lado esta problemática desde la historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales, con el fin de demostrar que tales derechos carecen de protección por un asunto puramente formal, los cuales deberán ser considerados como derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento y protección por los poderes del Estado, y protegidos judicialmente como derechos fundamentales. La investigación aborda los derechos sociales con énfasis en la Corte Interamericana y Comisión Interamericana frente a los pactos ratificados por Colombia para el desarrollo y cumplimiento de los mismos.