El texto examina las cuestiones teóricas y las dificultades jurídicas que tuvieron que resolver los movimientos sociales en Bolivia para hacer de sus demandas un proceso constituyente que pudiera transformar el poder constituido a través de la nueva Constitución (2006). La hipótesis es que ese proceso tuvo éxito no solamente por la eficacia de los movimientos sociales en la disputa por el poder hegemónico, sino por el componente biopolítico que subyace a esas luchas, sea en el plano de los modos de vida, de las formas productivas, de una particular noción de lo común, o del ejercicio de la democracia que caracteriza a los pueblos originarios en Bolivia.