Los Estados contemporáneos han determinado blindar sus actuaciones para garantizar el ejercicio del derecho a la justicia, bajo una doble direccionalidad: por una parte, en la idea de soberanía y, por la otra, por las nuevas articulaciones de la agenda global internacional en la que asumen como funciones básicas la defensa de la legalidad y el control de las demandas de legitimidad, especialmente cuando se encuentra frente a crisis humanitarias derivadas de gobiernos de facto o de conflictos armados internos. Los Estados se auto-imponen obligaciones de garantizar la prevalencia del derecho de las víctimas a la reparación integral, la cual excede la visión meramente económica en tanto implica, como parte de este derecho, los de verdad, el acceso a la justicia y las garantías de no repetición.