El problema que se investigó fue el de la política criminal garantista frente a una política criminal reactiva. Tomaremos la definición de política criminal de la Corte Constitucional para entender el valor fundamental de los tres poderes que inciden en ella. Existe un poder legislativo criminalizador, un poder judicial represivo y un fracaso del sistema penitenciario. El objetivo de este trabajo es identificar prácticas de prevención integral y hacer una crítica constructiva de ellas.La metodología utiliza diversas estrategias. Primero, a partir de una aproximación cuantitativa (cifras del Instituto Nacional Penitenciario 'inpec', de la Fiscalía General de la Nación, de Medicina Legal y del Consejo Superior de la Judicatura), tratamos de medir mediante estadísticas los efectos intramuros y sociales de la criminalidad denunciada (homicidio) en Colombia y en Bogotá.Por otro lado, por medio de la investigación cualitativa (Hernández Sampieri, 2014) (entrevistas a grupos focales y a internos) se buscó conocer la realidad de las personas en interacción con el sistema de justicia penal y penitenciaria y el fenómeno carcelario.La conclusión central es que la mejor prevención son las políticas públicas integrales tales como la educación integral en derechos humanos y una sociedad convencida de la importancia y la utilidad de la justicia restaurativa.