Aunque la Ley General de Educación representa un avance histórico en la legislación, semabstuvo de regular el derecho humano a la educación, y con ello dejó sin precisar la responsabilidad del Estado frente a su respeto, protección y garantía. Dos décadas después, no solamente no existe una Ley Estatutaria que lo regule, sino que un conjunto de distintas reformas han afectado las condiciones de su realización. Es el caso del financiamiento, que sufrió un importante ajuste, mediante el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 de 2001, con lo cual se profundizó el subsidio a la demanda, en detrimento de las condiciones de la oferta, y restando dinamismo a los recursos que habían sido pactados para cerrar la brecha histórica de desfinanciamiento.