Los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales que protegen los derechos fundamentales un obstáculo para su ejecución y, por ende, también para la seguridad jurídica. Existen algunas jurisdicciones donde el arbitraje es elevado a categoría constitucional y, por tanto, es considerado una institución a proteger que hace parte del orden público interno. Por supuesto, lo anterior colisiona con un arbitraje verdaderamente internacional que termina vulnerando las expectativas de la comunidad internacional de comerciantes, lo que permite argumentar que existe un peligro para la seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica no es solo aquella que se aferra a los preceptos del derecho positivo si no es una seguridad jurídica distinta, impregnada de pluralismo y que implica el consenso mancomunado, coordinado y activo de los diversos actores de negocios, quienes dejan de ser entes pasivos para ser co-activos dentro del encadramiento de la seguridad jurídica, especialmente en Colombia donde su estrucutra legal y jurisprudencial parece dudosa de renunciar a sus fuertes tradiciones positivistas. Este artículo utilizó una investigación documental para responder sus planteamientos y, además, inició desde lo general para llegar al caso particular de Colombia.