La eficacia de los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, está ligada a la concepción antropológica del Estado social de Derecho, que surge de la interpretación del enunciado normativo de la dignidad humana, conforme lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia T–881 de 2002. Sin embargo, al estudiar los fallos relacionados en la sentencia T–881 del 2002, en los que se apoyó el alto Tribunal para delimitar el alcance del enunciado normativo de la dignidad humana, formulado bajo un triple carácter de valor, principio y derecho, y su estrecha relación con el tercer imperativo kantiano, se advierte que no existe corrección en dicha interpretación.Para examinar la consistencia del argumento, expuesto por la Corte Constitucional en la referida providencia, en esta investigación se hace primero un análisis descriptivo de la misma, luego se revisa cada uno de los fallos, fundamento de las premisas, y, por último, se confrontan estas con las teorías filosóficas correspondientes.