las cesiones de trabajadores y el desinterés por la lengua autóctona.Más específicamente, el texto relaciona la evolución de esas prácticas con la acción política en torno a RTPA desde 2012.La conclusión principal es que la prioridad del poder político en estos tres años ha sido mantener el control sobre RTPA y ofrecer una apariencia de austeridad, no resolver las disfunciones citadas.