A pesar de que la corrupción no sea un fenómeno exclusivo de Colombia, el país ha luchado desde distintos ángulos para combatirla. La lógica indicaría que los instrumentos deben prioritariamente propender, en primer lugar, por la prevención de actos de corrupción, en segundo lugar, por retrotraer sus efectos negativos y, en tercer lugar, por sancionar a los corruptos. Esta gradación de los instrumentos resulta de la ultima ratio propia de la sanción penal. Sin embargo, la lucha colombiana contra la corrupción ha puesto en evidencia una inversión de la lógica, en la que la sanción penal se convierte en la prima ratio y se confía ciega e ingenuamente en su poder disuasivo, en un país donde los corruptos prefieren pagar penas de prisión, a condición de asegurarse el disfrute posterior de los frutos del delito. En realidad, los instrumentos propios del derecho administrativo, a partir de su adecuada configuración y utilización, pueden disminuir considerablemente los niveles de corrupción en Colombia, al tiempo que contribuyen a la eficacia de la actividad pública.