El gobierno colombiano a traves de la resolucion 429 de 2016 (1), promulgo la politica de Atencion Integral en Salud, que pretende generar mejores condiciones de salud para la poblacion a traves de la regulacion de la intervencion sectorial e intersectorial, sustentado en lo dispuesto por un gran volumen de normatividad previa que comprende desde la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones incluyendo la ley 1438 de 2011 (2) que pretendia fortalecer y la Atencion Primaria en Salud, el Plan decenal de Salud Publica, hasta la de mas reciente expedicion, la Ley estatutaria 1751, que luego de una gran controversia, consagro por fin la salud como un derecho fundamental. No obstante todos estos desarrollos en materia legislativa, no se han podido resolver los graves problemas por los que atraviesa el sector y que han sido reconocidos por el propio gobierno: fragmentacion y desintegracion de la atencion; baja resolutividad; alta carga de enfermedad; fallos del mercado; incentivos negativos entre los agentes y falla regulatoria, lo que ha conllevado a aumentar la inequidad; corrupcion; maltrato al usuario; desorden administrativo; modelo de prestacion de servicios de salud morbicentrico y centrado en los actores; deshumanizado; descontextualizado y sin prevalencia de derechos (2-3).