La desidia e ineficacia de los organos legislativo y ejecutivo en Colombia, tanto del legislador ordinario en su calidad de titular de dicha funcion, como del Jefe del Ejecutivo en su condicion de legislador excepcional, para adoptar y expedir politicas publicas, especialmente en materia economica, y sobre todo de cara al deber constitucional que, como autoridades publicas les asiste frente a la proteccion de todas las personas, y en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, han propiciado el desborde de la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional mediante la injerencia, quiza justificada de hecho por la desidia legislativa, pero a su vez, indebida e ilegitima, en la orbita de competencias de las otras Ramas del Poder Publico. Tal situacion comporta un desentendimiento de la teoria tradicional de la separacion de poderes y el subsecuente problema de legitimidad que se suscita ante la arrogacion de facultades que de suyo no le son propias a la Corte Constitucional.