La necesidad de disenar y coordinar la politica fiscal del Estado, encuentra en el principio de legalidad un solido fundamento constitucional, especialmente en cuanto tiene que ver con las competencias que puede atribuirse a las entidades territoriales, siempre bajo un criterio de “unidad economica”. Por lo anterior se planteo en Colombia la necesidad de que la propia Constitucion definiera parametros fundamentales para nuestro Sistema Tributario, reduciendo al maximo la posibilidad de las interpretaciones arbitrarias, sujetas a intereses particulares.