El deber de selección objetiva como regla en la formación de los contratos estatales, exige que se formulen por parte de la autoridad administrativa unas condiciones habilitantes de manera proporcional al objeto a contratar y a su valor. El principio de proporcionalidad, y su construcción jurisprudencial y doctrinaria, es un elemento fundamental para evitar que la relativa discrecionalidad, que se ha conferido para el establecimiento de tales requisitos habilitantes, sea permeada por la arbitrariedad de suerte que se sacrifique la finalidad del deber de selección objetiva, que en este caso consiste en que quienes ostenten las condiciones mínimas necesarias para la provisión de los bienes y servicios requeridos puedan participar en el proceso de selección.